Las inspecciones sobre viviendas de uso turístico en Madrid se multiplicaron durante 2025 hasta alcanzar las 1.526 actuaciones, casi el triple que el año anterior. Se trata de un incremento del 169%, situando el refuerzo del control como principal herramienta para combatir los alojamientos irregulares (Madrid endurece las exigencias a los pisos turísticos y refuerza las inspecciones).
Como consecuencia directa de este refuerzo del control, 323 viviendas dejaron de destinarse al uso turístico y regresaron al mercado residencial en 2025. La cifra supera en un 10,2% la del año anterior y en un 33% la registrada en 2023, según el informe de la Agencia de Actividades del que se ha hecho eco La Razón. (Madrid pone orden en el desmadre de los pisos turísticos).
En paralelo, el Ayuntamiento tramitó 607 expedientes para restablecer la legalidad urbanística, lo que supone un incremento del 23,8%. De las 502 resoluciones dictadas, 315 ordenaron el cese de la actividad turística y 137 se archivaron al comprobarse que los inmuebles ya no se utilizaban con ese fin.
El balance se completa con 1.408 denuncias recibidas y la imposición de 117 sanciones económicas por uso incompatible con la normativa. Las multas oscilaron mayoritariamente entre 20.000 y 30.000 euros, junto a otras medidas coercitivas.
Entre las actuaciones generales aplicadas destacan la paralización temporal de nuevas licencias y el endurecimiento de las sanciones a propietarios sin autorización. A estas iniciativas se suma el “Plan RESIDE”, que restringe la implantación de pisos turísticos en edificios residenciales, reduciendo de forma significativa su encaje legal en este tipo de inmuebles.