La presidenta del Gobierno de Baleares, Marga Prohens, promete mano dura contra la economía sumergida que se esconde tras el alquiler vacacional. En declaraciones a Preferente, afirma que “vamos a dar la batalla” contra la oferta ilegal, remarcando que “no vamos a mirar hacia otro lado como se ha venido haciendo” (El plan de Baleares para detectar pisos turísticos ilegales).
En este sentido, explica que “hemos aprobado, en los pocos meses que llevamos de legislatura, dentro del decreto de emergencia habitacional, una disposición para poder precintar pisos turísticos ilegales”. Paralelamente, “hemos incrementado las inspecciones”.
“Me consta que los consells insulares están imponiendo sanciones ejemplares. Vamos a regular esta oferta en criterios de calidad, de sostenibilidad y dejar que sean los ayuntamientos los que decidan qué tipo de oferta quieren en sus municipios”, prosigue.
Por otro lado, Prohens revela que su Gobierno promoverá el alquiler de larga duración o residencial, intentando con ello combatir la crisis habitacional existente en el archipiélago por el aumento descontrolado del alquiler vacacional.
“Lo que hay que hacer es incentivar y vamos a aprobar un plan de alquiler seguro porque mientras no demos seguridad jurídica al propietario, siempre van a preferir el alquiler vacacional y están en todo su derecho. Hay que dar más seguridad jurídica, más garantías de pago, garantías de recuperación de su propiedad en el mismo estado con el que la dejan al mercado del alquiler”, indica.
Como publicó Preferente, en el marco de Fitur, el Govern y Booking sellaron un acuerdo de colaboración para combatir el alquiler turístico ilegal en las islas. “Ponemos en marcha un proyecto piloto, pionero en todo el Estado, con el objetivo de recuperar para el mercado residencial las viviendas que se destinan clandestinamente a un uso turístico y que sólo suponen un perjuicio por nuestra calidad como destino”, señaló entonces Prohens.
El Ejecutivo autonómico tiene ante sí el reto de atajar la problemática que más preocupa a los empresarios turísticos y que está afectando peligrosamente a la convivencia vecinal. Como publicó Preferente, a finales de 2023 el Govern estimó que en Baleares hay unos 235.000 pisos turísticos alquilados de forma clandestina.