Jarro de agua fría para el sector turístico con el ‘Gran Hermano’ turístico impulsado por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. El Gobierno ha cerrado la puerta, al menos de momento, a introducir modificaciones en el polémico registro de viajeros, haciendo así caso omiso a las reiteradas peticiones de hoteles y agencias de viajes (El fracaso del ‘Gran Hermano’ de Marlaska, en cifras).
En una respuesta parlamentaria al senador del PP Agustín Almodóbar, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce que ni siquiera está revisando sus elementos esenciales y que la norma, de cuya entrada en vigor ya se han cumplido más de 500 días, sigue plenamente vigente (Marlaska pone desde hoy a sus órdenes a todo el sector turístico).
“No se está valorando la modificación del decreto y no se ha corregido hasta la fecha por ninguna norma posterior, encontrándose actualmente vigente y desplegando todos sus efectos”, zanja.
Lejos de recular, el Gobierno ensalza “el buen funcionamiento del sistema”, haciendo referencia al “alto grado de cumplimiento de las obligaciones de registro y comunicación de los sujetos, así como el elevado número de transacciones que se generan en la plataforma”.
El mensaje supone un varapalo para las empresas turísticas, especialmente agencias de viajes y hoteles, que llevan meses denunciando la carga administrativa y las dudas jurídicas que genera la norma. Además, contrasta con el aparente giro mostrado por Interior en reuniones recientes con organizaciones sector, en las cuales planteó adaptar el registro a las particularidades de cada rama de actividad (Marlaska abre la puerta a revisar el ‘Gran Hermano turístico’).
Como ha publicado Preferente, las organizaciones líderes de hoteles y agencias de viajes, CEHAT y CEAV, han llegado a plantear acciones legales al considerar que la obligación de recopilar datos masivos de clientes excede el marco normativo y genera inseguridad jurídica.
En relación a esta respuesta del Gobierno, el senador y portavoz de turismo del PP, Agustín Almodóbar, considera “alucinante que el Gobierno, 514 días después de la entrada en vigor del Real Decreto de registro de viajeros, me responda que aún sigue “estudiando” si publica o no la orden ministerial que aporte certezas y claridad al sector turístico español”.