El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha detectado 54.728 nuevos anuncios de viviendas turísticas publicados en Airbnb que no cumplen con la obligación legal de incluir el número de registro oficial. Esta cifra se suma a los cerca de 65.000 sin licencia cuya retirada ya fue solicitada previamente y que la plataforma ha eliminado tras varias resoluciones judiciales favorables a la actuación del Gobierno (Golpe a Airbnb: obligada a retirar 65.000 pisos turísticos ilegales).
Esta nueva investigación ha sido realizada por la Unidad de Análisis de Consumo del Ministerio. Ahora, el siguiente paso será dar traslado de la información recabada a la plataforma para que proceda a la retirada o corrección de los anuncios, tal y como se establece en la normativa vigente desde el 1 de julio.
Según ha informado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, el archivo digital elaborado incluye detalles como el tipo de alojamiento ofertado (habitación o vivienda completa), su localización (localidad, provincia y comunidad autónoma), y los datos disponibles de los anfitriones.
En este sentido, Facua Consumidores en Acción ha valorado positivamente la intervención del Gobierno y ha instado a las administraciones autonómicas y locales a reforzar también sus controles sobre este tipo de fraudes. Recuerda que la mayoría de las agencias inmobiliarias actúan en un ámbito territorial que depende directamente de estas autoridades.
Por su parte, el Ministerio ha recordado que estas actuaciones se enmarcan en su objetivo de asegurar el cumplimiento de la legislación que regula los alquileres turísticos. Así, continuará con las labores de análisis e inspección de anuncios ilegales en plataformas similares, con el objetivo de garantizar la protección de los consumidores y la aplicación efectiva de la normativa en todo el territorio.