El Tribunal Supremo ha avalado la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Palma de no permitir el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares. Se trata de una decisión que busca proteger a los residentes y frenar el alza desmedida de este segmento en las islas. (El alquiler vacacional nos deja sin viviendas)
La justicia entiende que “supone una modificación sustancial del concepto de vivienda”. Considera que “el uso turístico no es propio de la vivienda, al ser residencial”. (Vivienda, saturación y atascos: el origen del problema es el mismo)
También confirma que el alquiler vacacional está impactando negativamente “en la actividad en la configuración y la convivencia social en los barrios, en la disponibilidad de inmuebles para residentes y en el medio ambiente, recursos naturales e infraestructuras”.
“Hacía falta valentía. Ha sido un camino complicado y el tiempo nos ha dado la razón. Siempre hemos defendido y siempre defenderemos a la ciudadanía”, ha destacado el alcalde de Palma, José Hila. “Tenemos que proteger al residente en un tema tan básico como el del acceso a la vivienda, el hecho de no permitir el alquiler turístico en Palma fue una decisión pionera”.
Por su parte, la concejala de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, ha celebrado que “la sentencia nos ha dado la razón en nuestros objetivos de defender una Palma y unos barrios que sean para sus residentes y no sean para el turismo ni el negocio de la especulación inmobiliaria”.
La decisión ha caído como un jarro de agua fría en el seno de Habtur. La asociación del alquiler considera que “es una sentencia que hace política de vivienda y no debería ser así. Los tribunales no deben ser legisladores al fin y al cabo”. Asimismo, añade que la premisa de que la prohibición del alquiler turístico solucionaría los problemas de vivienda es “falsa”, ya que “los precios de alquiler han seguido subiendo”.