La prórroga del programa de viajes del Imserso para la temporada 2026-2027 ha reactivado las críticas tanto del sector turístico valenciano como de la Generalitat, que consideran que las condiciones económicas actuales dificultan cada vez más la participación de los hoteles. La consejera de Turismo, Marián Cano, ha reclamado al Gobierno una revisión urgente del modelo al considerar que se trata de “un programa estratégico con condiciones inviables para muchos establecimientos” (Ávoris y Mundicolor seguirán gestionando los viajes del Imserso).
Según recoge ABC, la responsable autonómica ha remitido una carta al ministro Jordi Hereu, en la que pide abandonar la fórmula de simples prórrogas administrativas y abrir una reforma profunda del programa. Entre las medidas planteadas reclama una actualización de los precios, un aumento de la financiación pública y una mayor coordinación con el sector hotelero y las comunidades autónomas.
En este sentido, defiende la continuidad del turismo social por el impacto que tiene en las personas mayores y por su capacidad para mantener la actividad turística fuera de la temporada alta. Sin embargo, Cano advierte de que el problema está en que las tarifas actuales del programa no compensan el aumento de gastos que soportan los hoteles, especialmente en costes laborales, energía, alimentación y suministros.
La preocupación es especialmente relevante en la Comunidad Valenciana, donde destinos como Benidorm, la Costa Blanca o Castellón concentran una parte importante de la actividad ligada al Imserso. Según la consejera, muchos establecimientos siguen trabajando a pérdidas en el programa. “No puede implicar trabajar por debajo de costes. Cuando un hotel renuncia, no lo hace por falta de sensibilidad social, sino porque las cuentas no salen”.
Con todo ello, la Generalitat reclama que el Gobierno central aborde de forma inmediata una negociación conjunta con el Ministerio de Derechos Sociales, las autonomías, los operadores turísticos y el sector hotelero. “El turismo social debe seguir siendo una política útil, justa y positiva. Debe actualizarse y financiarse correctamente”, concluye Cano.