Propuesta: las 3 medidas para minimizar a los Airbnb
La esperada Ley de Vivienda, cuyo fin principal debiera ser abaratar el acceso a este derecho constitucional tras haberse disparado su precio en principal parte por el auge del alquiler vacacional auspiciado por Airbnb, supone una oportunidad para regular una oferta que ha crecido sin control al haber burlado los planes urbanísticos locales (Demostrado: Airbnb dispara el precio del alquiler a los residentes).
Aunque las autoridades estén intentando antes de las elecciones presentar una serie de medidas como facilitar nuevas promociones, su impacto se espera mínimo en comparación que lo que significaría devolver al mercado residencial una importante cuota de viviendas que se pasaron al uso turístico.
A nivel legislativo, la prohibición del alquiler de corta estancia en zonas marcadas como residenciales por los PGOU contaría con el refrendo jurídico que paliase la anomalía que ha supuesto en la ordenación urbana que se permita el uso turístico en áreas delimitadas por sus recursos y entorno para la utilización residencial, rústica o industrial.
Junto a la directa prohibición, con un plazo de años para que la oferta vacacional pueda adecuarse al uso que estipulan las leyes, las otras dos propuestas irían encaminadas al uso fiscal de un lado por la parte de estímulos, y de otra de penalizaciones a fin de lograr un trasvase de viviendas del mercado turístico hacia el residencial.
Las bonificaciones tributarias que compensasen la cierta pérdida de rentabilidad del alquiler de larga estancia frente al de corta supondrían una medida efectiva para potenciar este trasvase, al mismo tiempo que las penalizaciones fiscales a quienes lo mantuviesen, debido a su impacto negativo para el interés general.
La aplicación de estas tres propuestas representaría un impacto muy destacado en revertir la tendencia acelerada hace diez años, cuyas consecuencias actuales han sido el haber dificultado el acceso a la vivienda a los locales, el empeoramiento de la convivencia en los barrios, la pérdida de identidad de los cascos históricos y la menor contribución fiscal y laboral respecto a la oferta reglada.
