La Mesa del Turismo hace un último llamamiento al Gobierno y exige la suspensión de la entrada en vigor, el próximo 1 de octubre, del registro documental, norma que obligará a agencias de viajes, hoteles y compañías de alquiler de vehículos a recabar un sinfín de datos personales de sus clientes (Inaudita ofensiva del sector desde varios frentes contra la ‘norma Marlaska’).
El lobby turístico asegura comprender que “el Ministerio de Interior y la Policía precisan de mecanismos de control para luchar contra la delincuencia y el terrorismo”, si bien sostiene que “éste no es argumento para exigir a golpe de decreto que miles de empresas se vean abocadas al caos administrativo y a la incertidumbre de si serán multadas cuando les sea imposible cumplir con las nuevas obligaciones”, declara su secretario general, Carlos Abella.
Además de las empresas, los propios viajeros se verán afectados por una norma que derivará en farragosos procedimientos de reserva. “Es posible, incluso, que muchos clientes se sientan reacios a facilitar determinados datos personales y prefieran optar para sus vacaciones por otros destinos internacionales más friendly”, avisa la Mesa del Turismo.
“Es incomprensible que el Gobierno no escuche a los profesionales y empresarios del turismo, a quienes están en las dinámicas reales del día a día, y que imponga sin consulta alguna una norma que les impacta de lleno, tanto a ellos como a sus clientes”, critica Abella, que lamenta la “reiterada insensibilidad hacia el primer sector de la economía española”.