La creciente proliferación de pisos turísticos en Sevilla, muchos de los cuales operan al margen de la legalidad, ha llevado al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía a adoptar un plan de acción conjunto para poner fin a la explotación ilegal de este segmento (Sevilla, ahogada por los pisos turísticos como Mallorca, Málaga y Alicante).
Según informa ABC, entre las acciones más contundentes se encuentra la posibilidad de cortar el suministro de agua a las viviendas que persistan en la actividad ilegal, a pesar de haber sido eliminadas del registro oficial de la Junta. El gobierno municipal cree que es un movimiento importante para disuadir a los propietarios de seguir operando de forma irregular.
Además, el protocolo contempla la imposición de otras sanciones. Una de ellas es la revisión semanal de al menos diez apartamentos turísticos ilegales, cuyas declaraciones responsables serán enviadas a la Junta de Andalucía para su análisis. El objetivo es acelerar el proceso de eliminación, enviando informes técnicos certificados que determinen la incompatibilidad urbanística sin necesidad de iniciar procedimientos adicionales.
El Ayuntamiento también se ha comprometido a revisar todas las declaraciones responsables desde la entrada en vigor de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La idea es garantizar que no quede inscrita ninguna vivienda turística que no cumpla con la normativa. Según el ejecutivo local, esta acción es clave para mitigar la masificación de pisos turísticos en zonas como el Casco Antiguo y Triana, aunque la problemática se ha extendido a otros barrios de la ciudad.
Por último, se hará hincapié en los problemas de convivencia que generan con los vecinos. Para ello, se aumentarán las inspecciones y se contará con la colaboración de la Policía Turística. Igualmente, se revisará la situación de las viviendas que están inscritas en el registro pero que carecen de ocupación, con el objetivo de eliminarlas del listado oficial.