Un juez y un fiscal lincharon a empresarios y dirigentes turísticos
Se dirime estos días en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares el juicio contra el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal José María Subirán, para los que la Fiscalía Anticorrupción pide 100 años de cárcel. Penalva y Subirán lincharon literalmente a empresarios y dirigentes del Turismo balear de forma cruel con fines políticos en unos casos y meramente persecutorios en otros. Los métodos usados por exjuez y exfiscal en colaboración con una división policial han destrozado la vida de empresarios, directivos y cargos públicos de las Islas y han dejado gravísimas secuelas psicológicas en sus familiares
Penalva y Subirán están implicados en varias causas por el uso reiterados de métodos inhumanos contra el empresario y el directivo Bartolomé Cursach y Tolo Sbert, en el llamado caso Cursach, y el ex teniente de alcalde de Turismo y ex director de hotel Álvaro Gijón, en el caso Ora. Altos cargos de la justicia estatal pidieron disculpas a la ciudadanía meses antes del juicio por el comportamiento adulterado, intimidatorio y con pruebas falsas del exjuez y del exfiscal.
El abogado del empresario Bartolomé Cursach, creador de la desaparecida aerolínea BCM, impulsor de grandes centros de ocio y discotecas y ex hotelero, pide 200 años de cárcel para Penalva y para Subirán. Álvaro Gijón, un ex ejecutivo hotelero que cambió la empresa privada para llevar a cabo proyectos políticos de envergadura, declaró días pasados que “fue una pieza a batir”. Tolo Sbert, con una trayectoria destacada en diversas áreas del sector turístico, manifestó en su declaración que se sintió “torturado”.
Pruebas falsas, testigos presionados de manera mafiosa y montajes espurios fueron usados contra los citados empresarios y dirigentes. La trama urdida empequeñece a las novelas de Jhon Grisham. Una conocida “madame” de Palma fue obligada a declarar por los otrora juez y fiscal con falsos testimonios. Esta broker de meretrices acabaría reconociendo la falsedad de sus declaraciones. Según uno de los abogados defensores, el exjuez llegó a colocar una pistola encima de su mesa para intimidar a testigos.
No solo Cursach, Sbert y Gijón estuvieron en el punto de mira de los hoy destituidos juez y fiscal: también utilizaron métodos reprobables contra modestos funcionarios de distintas áreas de entidades turísticas en otras causas ajenas a los de los mencionados. Todos ellos pasaron penalidades sociales y mediáticas, pero fueron muy inferiores a las vividas por Cursach, Sbert y Gijón, a los que arruinaron sus vidas. Medios informativos locales se prestaron al juego de los representantes de la justicia o se pusieron de perfil.
