
El Ayuntamiento de Valencia prevé cerrar prácticamente la puerta a nuevos apartamentos turísticos a partir de la aprobación, este martes, de una regulación que endurece al máximo las condiciones para este tipo de alojamientos y empuja a miles de propietarios a reconvertirlos en viviendas residenciales (Valencia limita a un 2% el número de pisos turísticos por barrio).
Según informa Las Provincias, la nueva norma establece un plazo de un año para que los pisos turísticos que no cumplan los requisitos legales puedan cambiar su uso. Según las estimaciones municipales, más de 5.000 inmuebles se verán afectados por esta medida, lo que permitiría incrementar la oferta de vivienda en un contexto de escasez.
Por grupos, actualmente existen 3.314 apartamentos inscritos en el registro autonómico que carecen de autorización municipal por no cumplir las condiciones urbanísticas, como estar ubicados en plantas superiores o no disponer de acceso independiente. A estos se suman otros 2.104 ubicados en planta baja que, pese a tener licencia municipal, no están registrados en Turismo o dependen de la aprobación de sus comunidades de propietarios.
También quedan incluidos en esta situación más de 363 expedientes de licencias que quedaron paralizados por las moratorias y que solo podrán reactivarse si se adaptan a la nueva normativa. En conjunto, todos estos inmuebles quedarían fuera de la legalidad turística si no cumplen los nuevos requisitos, lo que abre la vía a su retorno al mercado residencial.
Además, la regulación introduce tres límites simultáneos para frenar la saturación: un máximo del 8% de plazas turísticas respecto a la población de cada barrio; un tope del 2% de viviendas destinadas a este uso; y un límite del 15% en locales de planta baja por manzana. Asimismo, se exigirá acceso independiente, ubicación en planta baja o primera y el respaldo de tres quintos de la comunidad de vecinos.
El concejal de Urbanismo valenciano, Juan Giner, ha señalado que el objetivo es facilitar una salida a los propietarios afectados: “Queremos que estas viviendas vuelvan a ser hogares. Por eso abrimos una puerta para que los titulares de apartamentos que no puedan cumplir los requisitos de la nueva normativa puedan recuperar el uso residencial de forma ordenada, sin burocracia innecesaria”.

