Una comunidad de vecinos del barrio sevillano de San Julián ha abierto una batalla para impedir la apertura de un complejo de nueve apartamentos turísticos con capacidad para 44 personas en los bajos de su edificio (Sevilla limitará el número de viviendas turísticas por barrios).
El proyecto, promovido por un fondo de inversión, también contempla la creación de una piscina y un solárium en el patio interior, una actuación que los residentes consideran incompatible con la tranquilidad del inmueble y que ha derivado en un conflicto administrativo y judicial. “Es una pesadilla para el barrio, si sigue adelante esto va a ser un infierno y no va a haber quien viva aquí”.
Según Eldiario.es, los propietarios intentaron blindarse frente a este tipo de usos modificando en 2023 los estatutos de la comunidad para prohibir las viviendas turísticas. Sin embargo, esa restricción no incluyó los locales comerciales. Así, cuando detectaron el proyecto, a finales de 2025, aprobaron una nueva modificación para extender la prohibición a todos los espacios del edificio, aunque la empresa sostiene que ese cambio no le afecta porque su iniciativa se desarrolla en locales comerciales situados en la planta baja y con acceso independiente.
El enfrentamiento ha llegado ya a los tribunales. La promotora ha presentado una demanda contra la comunidad por intentar impedir la actividad y reclama que, si el proyecto no sale adelante, los vecinos asuman unas pérdidas que cifra en 200.000 euros anuales. Ante esta situación, los propietarios han recurrido a asistencia jurídica con el respaldo de la asociación vecinal La Revuelta. “Esto asusta”.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Sevilla estudia otro de los frentes abiertos: la posible caducidad de la licencia de obras. Los vecinos sostienen que los trabajos permanecen paralizados desde hace casi un año y recuerdan que la normativa prevé la pérdida de la autorización cuando la obra permanece detenida durante más de tres meses. El Consistorio ha iniciado actuaciones para comprobar esa circunstancia y ha requerido documentación a la empresa, que, según fuentes municipales, no la ha aportado hasta el momento.
El conflicto se produce en una de las zonas con mayor concentración de alojamientos turísticos de la ciudad. Los residentes denuncian que la proliferación de este tipo de establecimientos está reduciendo la oferta de alquiler residencial y elevando los precios, una situación que, aseguran, está dificultando la permanencia de los vecinos en el barrio.