Los viajeros que se desplazan a un alojamiento de Airbnb en muchos lugares de España tienen la ventaja de que los propietarios del establecimiento tienen muchas menos regulaciones que cumplir que los hoteles. Absurdamente, el legislador español trata el alojamiento en hoteles y apartamentos reglados con un nivel de exigencia que no aplica a las viviendas vacacionales que se alquilan en las plataformas digitales del tipo de Airbnb (Baleares persiste en privilegiar a Airbnb al eximirla de la ecotasa).
En el caso de Baleares, el privilegio es aún mayor porque mientras alguien que se aloja en un hotel ha de pagar un impuesto por noche, si lo hace en un establecimiento de Airbnb queda exento. Nadie sabe por qué, dado que tanto impacta el uno como el otro, tanto consume recursos el uno como el otro, tanto obliga a la prestación de servicios complementarios el uno como el otro.
Es decir, que se trata de una legislación inexplicablemente parcial, que premia a unos y castiga a otros. Lo diseñó así el anterior gobierno, pero no lo ha cambiado el actual, que acaba de llegar y aún no ha tenido tiempo de corregir este absurdo, si es que considera que hay que rectificar.
Igual viajero, diferente fiscalidad, es parte de la evidente necesidad de homogeneizar la legislación. Si comparamos entre autonomías, entonces el absurdo será total, porque España se ha convertido en diecisiete países en los que cada uno aplica las normas que quiere, ante la inhibición del gobierno central.