La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) alza la voz en contra la intención del gobierno regional de convertir plazas turísticas en residenciales. (Canarias pierde 23.300 euros con cada plaza que se hace residencial)
Considera que apostar por esta práctica traerá consigo riesgos “notorios y evidentes” para la actividad económica y el interés general de Canarias. Asimismo, avisa de que sustituir el desarrollo de nuevas zonas residenciales planificadas, por la invasión del espacio destinado para la actividad turística, de largo la principal industria de Canarias, “resultaría claramente contraproducente”.
“Cualquier decisión legislativa que suponga un daño al sector turístico de las Islas a través de la tolerancia con la residencialización es la peor política de vivienda posible”, alertan desde la asociación. En su opinión, impactaría fuertemente “el mantenimiento de los puestos del trabajo, la actividad económica y los ingresos fiscales de las administraciones públicas”.
Pone como ejemplo lo ocurrido en San Bartolomé de Tirajana. Un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha determinado que el proceso de residencialización en complejos turísticos iniciado en el destino ha mermado los ingresos en hasta 591 millones de euros anuales.
En este sentido, recuerda que la actual regulación sectorial contempla una situación excepcional, articulada a través de la Ley del Suelo de Canarias, que permite el uso residencial para aquellas situaciones consolidadas antes del 1 de enero de 2017. Sin embargo, la misma norma autonómica es “tajante” respecto a la posible generalización de esta práctica, por las consecuencias nocivas para la actividad de los complejos turísticos.
La FEHT “seguirá defendiendo todas las medidas que contribuyan al sostenimiento de la actividad económica en los municipios turísticos”. Por ello recuerda a las formaciones políticas “la trascendencia de este asunto y los daños objetivos que conllevaría cualquier decisión”.